A como se ven las cosas, el panorama para el año 2008 es cada vez más preocupante, sobre todo en lo económico, a pesar de los desesperados esfuerzos de la banca internacional y de los gobiernos para ocultar la crisis que se nos viene encima.
Todo esto es el resultado de la juerga de los petrodólares, que lleva casi siete años y que ya empezó a pasar la factura con la crisis inmobiliaria e hipotecaria, a la que se le están adhiriendo el resto de las “pirámides financieras” que se sustentaron en esos petrodólares “inflados“ que, como ya es costumbre inveterada, acaban por quebrar las economías de los países, las empresas y las personas; comenzando con los bancos, que ya están pagando con las cabezas de sus dirigentes y con pérdidas fenomenales, que continuarán golpeando todos los aspectos del crecimiento que ha estado sustentado en créditos fraudulentos en el ámbito de la construcción y en todos los territorios de la producción y el financiamiento.
Este entorno tan crítico, que a todos nos va a costar de una u otra manera, ya sea en capital, en intereses, en falta de productividad o en contracción de nuestro nivel de vida, es también una ocasión invaluable para hacer un diagnóstico realista y objetivo sobre la situación de nuestro país y de los cambios que se deben dar para salir de la dinámica de los últimos 25 años de globalización mal entendida, que dio un paupérrimo resultado en el crecimiento del producto nacional bruto, que no pudo elevarse arriba de 2% en promedio, frente a casi 7% de 30 años del tan criticado “desarrollo estabilizador”.
En estas circunstancias tan desfavorables, México tiene que seguir enfrentando a la corrupción y a la impunidad, con sus ácidos frutos de injusticia e inseguridad, lo cual fue reconocido recientemente a nivel nacional de una manera indubitable por el presidente electo del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), José Rafael Castelazo; y en el ámbito internacional por los investigadores de la Universidad de Yale y de la Escuela de Negocios de Copenhague, Susan Ackerman y Bjorn Lomborg, que no han tenido duda en afirmar contundentemente que la corrupción es el peor mal de nuestra sociedad, de su administración pública y también de su sector privado.
Para corregir de raíz esta lacra histórica, que nos complica aún más nuestra atribulada existencia actual, es indispensable que todas las estructuras de seguridad y justicia del país se sujeten sin condición alguna a un sistema cotidiano y permanente de rendición de cuentas, que debe quedar instaurado a nivel constitucional para que obligue a todos los niveles de gobierno y a todos los poderes, federal y locales, a transparentar a diario cada uno de sus actos y, sobre todo, los resultados de sus conductas en las tareas de seguridad y justicia, estableciendo también los incentivos más sólidos para quienes cumplan, así como sanciones inmediatas y ejemplares para los que violenten los principios fundamentales de la ética social.
Esas mismas bases deben ser aplicadas a todas las actividades privadas que impacten en la vida comunitaria, los servicios generales y la credibilidad del sistema jurídico, para que no queden impunes, como ahora, desde las más leves faltas administrativas hasta los delitos más escandalosos.
Si ese sistema de rendición de cuentas, transparencia, incentivos y sanciones, auditado por un poder ciudadano independiente de los partidos y de la política, se establece pronto y bien, México podrá salir adelante después de esta crisis, que ya es imposible evitar.
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